Las autoridades universitaria rechazaron en una declaración pública la utilización de facultades públicas con miras a censurar, limitar o vulnerar tanto la libertad de cátedra, como la autonomía de nuestras instituciones, principios esenciales para el adecuado funcionamiento de los sistemas de educación superior en toda sociedad democrática, y debidamente reconocidos y resguardados en nuestra legislación.

Los equipos académicos y del Gobierno Regional acordaron temáticas de prioridades a elaborar estrategias, como fortalecimiento de la participación ciudadana y apoyo a gobiernos locales.