Tras 13 años de tramitación, el 14 de junio la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). En el marco de su discusión, el gobierno ingresó una indicación para prohibir la acuicultura al interior de todas las categorías de áreas protegidas, cuestión que fue finalmente rechazada en Comisión Mixta del Congreso. La acuicultura, particularmente la salmonicultura, se concentra en espacios marinos de la Patagonia, territorio en el cual, previamente, el Estado definió grandes extensiones de tierra y mar como áreas protegidas. Actualmente, cerca del 30% de todas las concesiones acuícolas se ubican al interior de áreas protegidas. El 67% de estas han sido otorgadas de forma permanente mientras que el resto ha sido otorgado por un período de 25 años.

Ante la posibilidad de que las concesiones ubicadas al interior de las áreas protegidas no fueran renovadas o caducaran por ley, se produjeron movilizaciones en Puerto Montt, Puerto Aysén y Puerto Natales, en las que participaron trabajadores, ejecutivos y políticos afines a la industria, quienes manifestaron su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, ingresos y utilidades. El senador de la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, declaró “que se está sacrificando a la región, pero sin preguntarle a los magallánicos”, agregando que “esta posición ecologista extrema [la del gobierno] es grave, porque se atenta contra el crecimiento de la humanidad, porque cuando quieren dejar las cosas estáticas, sin tocarlas, en el fondo están diciendo que la civilización humana no puede desarrollarse”. ¿Existe realmente una disyuntiva entre conservación y desarrollo? ¿Es cierto que el establecimiento de áreas protegidas “sacrifica” el desarrollo de la Patagonia?.

La verdad es que la controversia en torno a la operación de la acuicultura dentro de áreas protegidas es parte de un debate más amplio y antiguo que se ha extendido en el plano académico y político por más de tres décadas. La posición original en este debate era dicotómica: había que elegir entre desarrollo o conservación como si estos fueran caminos incompatibles. Sin embargo, nuevos enfoques permiten superar tal dicotomía. No se trata de elegir si utilizar la tierra o el mar para “el crecimiento de la humanidad” o “sacrificar” una región
creando áreas protegidas, como plantea el senador, sino que se trata más bien de establecer una relación distinta entre seres humanos y naturaleza no humana. Esto implica cambiar tanto la lógica como las prácticas de control y explotación de la naturaleza que predominan en la empresa privada y el Estado.

En las regiones de Aysén y Magallanes, el Estado definió Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) y, posteriormente, otorgó concesiones para la producción de salmón al interior de áreas protegidas, conociendo los profundos impactos socio-ambientales generados por la industria en la Región de Los Lagos. En las regiones de la Patagonia la salmonicultura se expandió dentro de “áreas protegidas” afectando el fondo marino con desechos orgánicos y químicos, contaminando playas con residuos plásticos, e impactando especies nativas. Además, como ha informado el Instituto Nacional y el Instituto Danés de Derechos Humanos, la industria ha vulnerado derechos laborales y de comunidades Indígenas.

Considerando lo anterior, no parece compatible el desarrollo de una actividad como la salmonicultura al interior de espacios marinos definidos como áreas protegidas para la conservación. Esto no significa que todas las actividades humanas son nocivas e incompatibles con la conservación de la naturaleza. De hecho, una de las categorías de conservación que se incluyen en el SBAP son las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos, en las que justamente se pueden desarrollar actividades económicas conservando al mismo tiempo la biodiversidad y patrimonio histórico-cultural marino y costero de las comunidades humanas que habitan y hacen usos de esas áreas y recursos. La conservación marina también puede generar empleo e ingresos para las comunidades locales, mediante el desarrollo de actividades económicas que sean compatibles con la conservación del ecosistema marino y costero y su biodiversidad, como el eco-turismo, la pesca artesanal y la acuicultura a pequeña escala. Más aún, la restauración de ecosistemas marinos degradados puede también ser una fuente importante de empleo e ingresos, contribuyendo al desarrollo local.

En definitiva, ningún proceso de desarrollo se puede sustentar sobre la degradación del patrimonio natural ya que justamente las actividades económicas dependen de los ecosistemas y sus funciones, por lo que su deterioro llevará al empeoramiento de la calidad de vida de las personas. En este sentido, el desarrollo y la conservación no solo son actividades compatibles, sino que para que exista un verdadero desarrollo la conservación es una condición imprescindible.