La ola de manifestaciones que tiene lugar en instituciones de educación superior en las últimas semanas busca denunciar situaciones concretas de acoso, y abordar con profundidad temas de acoso sexual y discriminación arbitraria.

Se observa que solo 7 de 60 instituciones tiene protocolos, y que éstos no siempre son difundidos. Hasta el momento, no es obligación tener estas normativas, por lo que resulta muy auspiciador que un grupo de parlamentarios liderados por la Senadora Ximena Ordenes y la Red de Investigadoras, presentó la semana pasada un proyecto de Ley para exigir la obligatoriedad de normar este tema, incluso, como exigencia para la acreditación de las instituciones.

El desafío es enorme, pues se requiere avanzar en una cultura de la no violencia, que logre visualizar y sancionar no solo el abuso y acoso sexual, sino también el acoso sexista, hostigamiento y discriminación arbitraria por razón de sexo, de manera de dejar de naturalizar la violencia. En este contexto, es necesario que las instituciones educativas asuman la complejidad del tema, cuestión que pasa por: i) una tipificación más exhaustiva de faltas; ii) garantizar un debido proceso; iii) atender a las víctimas, dando garantías de no represalias, no repetición y rehabilitación si fuera necesario; y iv) especialmente prevenir este tipo de situaciones.

Cobra sentido lo expuesto en los petitorios de muchas organizaciones estudiantiles, así como las recomendaciones que el mismo MINEDUC formula: generar espacios triestamentales para debatir del tema, eliminar el lenguaje sexista, incorporar las temáticas de género en los planes de estudio, institucionalizar la perspectiva de género con políticas de equidad de género, realizar campañas de alto impacto sobre la dignidad de las personas, capacitar al personal académico y profesional sobre el tema, entre otras.

En este escenario, la Universidad de Aysén, conformó este año una comisión compuesta por estudiantes, académicos y funcionarios para definir una política de equidad de género, un protocolo sobre acoso sexual, y un protocolo para compatibilizar la actividad académica con la familiar. Asimismo, dicho trabajo será complementado con la reciente adjudicación de un proyecto financiado por Mineduc para atender la diversidad, promoviendo la inclusión, considerando la perspectiva de género, diversidad sexual, interculturalidad y a las personas en situación de discapacidad.